Cuestión de legitimidad constitucional en la vía incidental

El juez ordinario, en el curso de cualquier juicio y tras expresa solicitud de alguna de las partes del proceso o de oficio, debe elevar a la Corte Constitucional la Cuestión, por existir dudas respecto de la constitucionalidad de una determinada disposición (leyes y actos con fuerza de ley del Estado y de las Regiones). El juez puede negarse a ello sólo en el supuesto que, con respecto a la instancia de parte, considere la excepción propuesta absolutamente carente de cualquier fundamento real. Además, debe tratarse de una norma cuya aplicación el juez entienda necesaria e indispensable para la decisión del proceso (o de algún momento procesal del mismo) que se sustancia en su instancia jurisdiccional.

En caso de que el juez considere la excepción de constitucionalidad “relevante” y “no manifiestamente infundada” adopta un auto que tiene un doble efecto: el de suspender el proceso en curso a la espera de la decisión de la Corte Constitucional, y el de iniciar el juicio constitucional.

Dicho auto debe ser notificado a las partes del proceso, al Presidente del Consejo de Ministros o de la Junta regional y comunicado a los presidentes de ambas cámaras parlamentarias. Asimismo, el auto de remisión es publicado en la Gaceta Oficial de la República, de forma que se da a conocer a todos los operadores jurídicos y, muy especialmente a los jueces, que una determinada ley está sub iudice, solicitándose, de este modo, prudencia a la hora de aplicarla y, concretamente para cualquier juez, la oportunidad de suspender el proceso seguido en su instancia y remitir al examen de la Corte la misma cuestión de constitucionalidad, con alegaciones propias e independientes.

A la hora de valorar la cuestión de constitucionalidad elevada en vía incidental por el juez, la Corte no se considera vinculada a la interpretación de la ley realizada por el juez al presentar la excepción de constitucionalidad. Así, el primer tipo de decisiones creado por la jurisprudencia constitucional fueron las decisiones interpretativas de rechazo, mediante las cuales la Corte, además de desechar la cuestión de constitucionalidad, ofrece una interpretación acorde a la Constitución de la disposición impugnada. Usando esta argumentación, una cuestión de constitucionalidad puede ser considerada infundada, siempre y cuando en ella se haya dado la interpretación indicada por la Corte en su decisión. Desde la perspectiva formal, estas decisiones se justifican en el hecho de que en el fallo la cuestión de constitucionalidad es declarada infundada, pero “de conformidad con lo establecido en la motivación”, haciendo, de este modo, remisión a la interpretación correctora que aparece en la argumentación de la decisión.

Cuestión de legitimidad constitucional en la vía principal o directa

En esta acción, el Estado puede impugnar una ley regional y la región (y la provincia autónoma de Trento y Bolzano) puede hacer lo mismo en relación con una ley estadual o de otra región. El Estado puede impugnar la ley regional por la violación de cualquiera de las disposiciones de la Constitución, mientras que la región puede impugnar una ley o un acto con fuerza de ley estadual invocando solamente la lesión de sus facultades constitucionalmente reconocidas.

Las leyes regionales deben ser impugnadas dentro de los 30 días siguientes a su publicación, mientras el plazo para impugnar las leyes del Estado es de 60 días. La impugnación debe precisar puntualmente los aspectos concretos de la cuestión y formular sintéticamente los motivos, en lo que concierne tanto a aspectos jurídicos como políticos.

El órgano legitimado para proponer la cuestión a nivel estatal es el Consejo de Ministros, y a nivel regional, la Junta regional. No se admiten intervenciones de otras partes o de terceros en el procedimiento.

Acusación constitucional

La Corte Suprema conocerá de procedimientos penales como una de sus atribuciones políticas especiales, en el caso de que se trate de delitos cometidos por el Jefe de Estado en el curso del ejercicio de sus funciones. Los quince miembros de la Corte junto con dieciséis ciudadanos, serán los miembros que conocerán de este proceso.

El Parlamento confecciona una lista cada nueve años, de cuarenta y cinco ciudadanos italianos mayores de cuarenta años. De esta lista se escogen a dieciséis personas, quienes serán el grupo de “giudici populari” que integrarán el grupo de treinta y un ministros que conocerán del juicio en contra el Jefe de Estado.

En el caso de los ministros, la competencia corresponde a los tribunales especiales ordinarios con sujeción a los procedimientos especiales (Ley constitucional N° 1/1989).

Conflicto de atribuciones

1) Conflicto de competencias entre los poderes del Estado.
Procede cuando un poder del Estado considera que otro ha realizado actos invasivos a su competencia constitucionalmente garantizada. El proceso se divide en dos fases: primero la Corte decide si es admisible la petición y de ser así, dicta una sentencia para resolver el conflicto.

2) Contienda de competencia entre el Estado y las regiones.
Recurso interpuesto por el Estado o una región ante la Corte para proteger su esfera de competencias constitucionalmente garantizadas contra todo acto invasivo no legislativo que ha iniciado otra región o por el Estado.

Cuestión de Admisibilidad del Referéndum

La competencia para pronunciarse sobre la admisibilidad del referendo revocatorio es del Tribunal Constitucional, que se encarga de verificar si la ley (o el acto con fuerza de ley) objeto del referéndum es o no conforme al artículo 75 y demás disposiciones de la Constitución. Esta comprobación tiene como objeto evitar la posibilidad de "fracturas constitucionales" de la utilización de esta institución distorsionada. El Tribunal es quien ve la admisibilidad sin necesidad de que alguien tome la iniciativa; esto, después de una primera revisión a la solicitud del referéndum realizada por la Oficina Central de la consulta en la Corte Suprema. El referéndum se lleva a cabo sólo si el Tribunal considera que es permisible. Lo primero que determina el Tribunal para declarar la solicitud admisible es ver si ésta se encuentra dentro de los límites establecidos en la Constitución, es decir, que no se trate de materias de impuestos, amnistías, indultos y tratados internacionales.